En Uruguay circulan 3.050.436 vehículos. Entre ellos, hay 170.000 autos fabricados entre 1976 y 1991. Otros 150.000 rodados son de años que van desde 1992 a 2012. Es decir, los números del El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) dan cuenta de que Uruguay circulan demasiados autos considerados antiguos.
Según datos del Congreso de Intendentes, esos 320.000 autos viejos es factible que tengan problemas de luces, frenos y amortiguadores.
La morosidad de los autos antiguos supera el 51%, mientras que en los modelos de 2023 en adelante esta solo alcanza el 5%.
Un estudio elaborado por el Sucive, al que accedió El País, señala que las intendencias recaudaron $ 28.367 millones por concepto de patente de rodados en 2024. Se espera que en 2025, con el ajuste por el Índice de Precios al Consumo (IPC), la recaudación crezca $ 764 millones (8% de incremento).
El informe del Sucive, al que accedió El País, expresa que la morosidad alcanza los $ 3.962 millones. Los propietarios de los autos más morosos poseen modelos que fueron fabricados en los años que van desde 1996 a 2011.
Al percibir que la morosidad global alcanzó un 17%, el Congreso de Intendentes aprobó este miércoles un nuevo régimen de cancelación de deudas de patentes de rodados. El sistema comenzará a ser aplicado partir del 1° de junio de 2025, hasta el 30 de noviembre de este año.
El 27 de marzo pasado, el Congreso de Intendentes resolvió que existía la necesidad de instrumentar un nuevo plan de regularización.
En la misma sesión, la Mesa del Congreso de Intendentes encomendó a los asesores del cuerpo que analizaran las alternativas posibles, así como las exoneraciones del costo de reempadronamientos para cumplir y controlar la obligación de registrar los automotores en el lugar de residencia de sus titulares.
Se trata de una vieja aspiración de las intendencias frenteamplistas de Montevideo y Canelones que ven como muchos autos, sobre todo de alta gama, son reempadronados, por ejemplo, en Maldonado.
Tras esto, el 21 de abril, la Mesa de Intendentes —integrada por las intendencias de Durazno, Rivera y Maldonado— fue mandada por el Congreso a proceder formalmente a la concreción de un plan para la regularización de deudas por patentes de rodados, exonerándose también los costos de reempadronamientos correspondiente a la emisión de DIV (documento de identificación vehicular) y de sus matrículas. De esa forma, se regularizará y vinculará a aquellos propietarios de autos con sus lugares de residencia.
A partir de estas resoluciones, la Mesa del Congreso de Intendentes resolvió instruir a los delegados de las intendencias en la Comisión de Seguimiento del Sucive a instrumentar el plan de regulación de deudas. Dicha resolución fue firmada por el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín (Durazno), el primer vicepresidente de la asesora, Mauricio Zunino (Montevideo), y el segundo vicepresidente, José Mazzoni (Rivera).
El asesor del Congreso de Intendentes e integrante de la Comisión de Seguimiento del Sucive, César García Costa, el asesor del Frente Amplio, Gabriel Camacho, y Juan Carlos Rosales, por el Partido Nacional, elaboraron el plan para morosos que posteriormente fue aprobado por el Congreso de Intendentes.
La iniciativa, que se denomina “Plan de Regulación de Adeudos 2025 — Tributo de Patente de Rodados y Conexos”, señala que aquellos contribuyentes que tienen deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024, podrán cancelarlas reliquidándolas de acuerdo a un programa que regirá desde el 1° de junio al 30 de noviembre de este 2025.
Los montos menores, sin considerar las sanciones por mora, se actualizarán por la evolución del IPC desde el mes de sus vencimientos hasta diciembre de 2024.
Teniendo en cuenta el modelo y el año del vehículo, se procederá a las actualización de las deudas, adicionándose el 50% de las sanciones por mora generadas al 31 de diciembre de 2024 para modelos entre 2012 y 2016, o 75% de las referidas sanciones por mora —también al 31 de diciembre de 2024— para modelos de los años posteriores.
Si el vehículo es de un año anterior a 2012, las sanciones por mora tendrán un tope equivalente al 30% del aforo del auto, según se señala la resolución del Congreso de Intendentes.
Los interesados podrán acogerse al plan de regulación de adeudos desde el 2 de junio de este año y hasta el 11 de noviembre de 2025.
El Congreso de Intendentes también estableció que durante la vigencia de este plan de regulación de deudas, los reempadronamientos que se realicen en los lugares de domicilio de los propietarios no tendrán costos asociados.
Se los conoce como “cachilos”: autos antiguos, con problemas de frenos, chasis, amortiguadores y motores. Y en Uruguay no son pocos. Según estadísticas del Congreso de Intendentes a la que accedió El País a inicios de este año, casi 270.000 autos matriculados entre 1901 y 1991 circulan hoy por calles y rutas uruguayas. Es decir, los vehículos más “nuevos” de esa categoría poseen 34 años de antigüedad y varios miles de kilómetros rodados.
De los 270.000 autos viejos, casi 100.000 tiene más de 50 años. Ello sucede porque en Uruguay, a diferencia de otros países, no hay una ley que otorgue la baja obligatoria para esos vehículos antiguos.
Muchos de ellos no tienen repuestos en plaza y sus dueños apelan a piezas vendidas en chatarrerías para poder mantenerlos operativos. Pero también existen autos viejos a los que sus dueños les dan un mantenimiento exhaustivo y circulan sin problemas gracias a que se importan repuestos del exterior.
“En 2024 se empadronaron 66.000 autos. Es un dato histórico. Con respecto a los cachilos que andan en la calle, en algún momento vendrá un plan de renovación”, dijo a El País el director general de Asuntos Vehiculares y consejero del Congreso de Intendentes, César García.
Y agregó que, en el marco de ese plan de recambio, deberá abrirse una negociación entre los concesionarios de las marcas, automotoras, bancos, el Estado y los propietarios de los vehículos antiguos. “Uruguay algo tendrá que hacer en esa materia”, advirtió.
Fuente: El País
