Lunes 21, de diciembre, 2020.
Hemos asistido a la primer discusión parlamentaria sobre forestación y sus efectos en nuestro país en mas de 30 años. Lamentable es ver y escuchar cómo una discusión de carácter productivo y técnico se politiza y se deriva en peleas y pujas partidarias cuando se deja de lado lo importante. La inmensa mayoría de los argumentadores demuestran un desconocimiento absoluto del texto de la ley vigente (15.939) impulsada por el gobierno colorado en el año 87 y avalada por todos los gobiernos y legislaturas sucesivas hasta hoy.
Ley que determina a texto expreso las características de los suelos de prioridad forestal, ley y artículos reglamentarios que otorgan al MGAP la potestad de definir a futuro las modificaciones a la prioridad forestal. Y que increíblemente ha ido creciendo, un 250% desde la aprobación de la misma, como si nos avanzara un desierto o como si no hubiese existido avance tecnológico alguno en más de seis lustros, lo cuál podría haber quitado muchos tipos de suelos ya que sus aptitudes dejaron de ser limitantes para producciones provechosas de carácter permanente. Dicho incremento jamás tuvo una explicación por parte de las diferentes autoridades de turno.
No somos partidarios de limitaciones productivas, además creemos que el presente proyecto de ley no lo hace, ya que no desafecta suelos de la PF y reitera la posibilidad de forestar hasta el 8% de campos ganaderos y agrícolas, lo cuál suma la posibilidad de forestar más de 1 millón de hectáreas en todo el país.
Lo que está claro es que la forestación no compite en igualdad de condiciones con los demás rubros productivos, ya que dicha actividad ha sido subsidiada permanentemente por la sociedad uruguaya en todas sus fases: campo, transporte e industria, y lamentablemente le seguiremos poniendo plata (la cual falta en muchos lados) para que continúe su feliz crecimiento.
Apoyamos el proyecto de ley presentado, no sin cuestionarnos por qué hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente, violada permanente y reiteradamente.
La determinación y regulación de la actividad forestal no es patrimonio de unas pocas empresas sino de todos los que la subsidiamos. Este tema merece un debate Nacional entre todas las partes involucradas, a las cuáles ya les proponemos el mismo.
