¿PARIAS?

Hoenir Sarthou

Se está fogoneando un proceso de marginación y discriminación contra quienes no nos hemos vacunados y no estamos dispuestos a hacerlo

Organismos públicos indagan si sus funcionarios se vacunaron o no. Jerarcas máximos de Entes del Estado (ANEP) declaran que «vacunarse es una obligación de los docentes». La Asociación Rural del Uruguay organiza un exposición y anuncia que no dejará entrar a la misma a empleados, expositores o visitantes que no estén vacunados. CUTCSA, por boca de su presidente, informa que no se permitirá viajar en ómnibus a los no vacunados. Un hotel cercano a la Intendencia de Montevideo se promociona como «exclusivo para vacunados». Federaciones de Baby Futbol no permiten jugar a niños no vacunados. A ello se suman infinidad de presiones de instituciones y empleadores privados que exijen a sus empleados vacunarse o se niegan a contratar a no vacunados.

Son miles los casos de personas que están sufriendo estas presiones angustiantes y completamente ilegítimas.

SEÑORES/AS:
1) Nuestra Constitución no reconoce ninguna obligación que no esté impuesta por ley. Nadie puede ser legítimamente obligado a hacer lo que no manda la ley ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe (artículo 10 de la Constitución).

2) La vacunación contra el Covid no es obligatoria en el Uruguay porque ninguna ley la dispuso (si lo hiciera, debería garantizar plenamente la seguridad de los vacunados contra infecciones y contra efectos adversos, por lo que jamás podría exigirse firmar un documento como el que se hace firmar a los vacunados).

3) Exigirle a una persona someterse a un procedimiento médico no obligatorio es inconstitucional, e imponerle sanciones o discriminarla por negarse a hacerlo es directamente ilícito, por violar los principios de libertad e igualdad.

4) Se está considerando promover una acción judicial de amparo contra el Estado y contra las empresas y organismos mencionados, entre otros, para reclamar la libertad, la igualdad y el derecho al trabajo de las personas discriminadas por ese motivo.

5) Mientras tanto, hay algo que las personas de buena voluntad, estemos o no vacunadas, deberíamos respondernos:
¿Hay derecho a imponerle a alguien un procedimiento médico en el que no confía?
¿Quién garantiza la eficacia y seguridad de unas vacunas no aprobadas, cuando los laboratorios que las fabrican exigieron y lograron que se los liberara de responsabilidad por daños y el Estado exige que el vacunado renuncie a demandarlo internacionalmente?

En esas condiciones, ¿estás dispuesto a que tus hijos, padres, hermanos o amigos que se sienten inseguros al vacunarse pierdan o no puedan conseguir un empleo, o se vean impedidos de cosas tan elementales como usar el transporte público o ingresar a un comercio?

La respuesta no es fácil porque dos miedos están de por medio. El miedo a la enfermedad, y el miedo a estas vacunas.

¿Hay algún miedo mejor que otro? ¿No deberíamos confiar en la libertad y que cada cual afronte el riesgo que elija afrontar?