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Médicos de todo el país paran hoy 24 horas en rechazo al proyecto oficial para la Caja de Profesionales

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) convocó a un paro nacional por 24 horas este lunes 30 de junio «en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales», cuyo salvataje financiero es discutido desde hace semanas en el Parlamento, sin acuerdo hasta el momento entre oficialismo y oposición.

La medida será apoyada y replicada por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y la Federación Médica del Interior (FEMI),

El SMU, tras aprobar el paro en una Asamblea Extraordinaria, resuelve reafirmar el rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, rechazar el aumento de aportes para activos y aumento de descuentos a pasivos y colocar pasacalles alusivos a la medida “en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales del Uruguay”, frente al Parlamento, Torre Ejecutiva, hospitales públicos e instituciones privadas.

Durante el tiempo de duración del paro solamente atenderán urgencias, emergencias y a pacientes oncológicos. Tampoco se suspenderán las intervenciones quirúrgicas programadas, según afirmaron desde el SAQ, «debido a la premura con la que se convoca esta medida, y entendiendo que su suspensión perjudicaría a los pacientes y a sus familias, quienes han organizado su actividad en torno a cirugías ya coordinadas».

Este lunes, desde las 11:30, los tres colectivos darán una conferencia de prensa en la sede de FEMI.

El Parlamento continúa negociando una fórmula financiera que permita que el organismo continúe funcionando, y deje atrás una situación que, por el momento, no le permitirá afrontar las obligaciones de pago ya para este mes de julio.

La propuesta original del gobierno de Yamandú Orsi no fue aceptada por los partidos de la coalición republicana, que no aceptaron que en el esquema de financiación de la Caja se incluyeran aumentos para los activos y pasivos.

En las últimas horas, sin embargo, como informó este jueves El País, senadores blancos y colorados se acercaron a una posible contrapropuesta a presentar al Frente Amplio, cuyos detalles todavía son debatidos en la interna de la oposición.

La alternativa es efectivamente imponerles una contribución pecunaria a los jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales. Sin embargo, la propuesta de la oposición plantea bajar a la mitad los aportes de los pasivos con respecto al proyecto de ley que había salido de la comisión especial de Diputados (y que quedó por el camino en el plenario), que proponía un gravamen del 2% al 11%, de forma progresiva y dependiendo los ingresos percibidos.

Según supo El País, la idea que se tiene sobre la mesa es la de mantener los aportes de los activos en 18,5% (sobre un sueldo ficto de $ 34.660 para la primera de 15 categorías) e imponerle a los afiliados pasivos una tasa máxima del 5%.

A todo esto, el directorio de la Caja ya manifestó su profunda preocupación por la continua postergación de este debate y la necesaria aprobaciónde una reforma de la institución, algo que se necesita de «forma urgente» para concretar el pago de jubilaciones.

La fecha límite para la votación del proyecto de ley en el Senado es el lunes 30 de junio, pero evalúan postergarla nuevamente para continuar la discusión. Y el directorio del organismo avisó en este sentido que de no aprobarse nada para esta semana solicitarán al Poder Ejecutivo que adopte los recaudos necesarios para poder asegurar el pago de las jubilaciones.

“Estamos en un momento de alta tensión y sobre todo en el interior del país, donde los afiliados —muchas veces— se encuentran más distantes de las noticias y lo que les llega es la falta de resolución a la situación de su instituto de seguridad social”, señaló la Caja Profesional.

Es ante esta situación, y teniendo en cuenta que la Caja ya tomó todas las medidas necesarias y posibles, que el directorio resolvió expresar por unanimidad: “Exhortar al Poder Ejecutivo a que se adopten los recaudos necesarios que permitan garantizar los derechos constitucionales de los pasivos de este instituto”.

Fuente: El País