La Administración Nacional de Educación Pública apuesta a que en agosto, tras las vacaciones de invierno, las clases presenciales sean todos los días.
En un año lectivo que lleva la impronta de COVID-19, las vacaciones de invierno serán un punto de inflexión. Al menos eso creen las autoridades de la enseñanza. Porque desde agosto, cuando los estudiantes acaben su receso, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretende que la asistencia a las aulas sea todos los días.
En las escuelas públicas, salvo excepciones, los alumnos están concurriendo a clases presenciales entre dos y tres días por semana. Si es que asisten. Porque entre el temor de algunos padres de enviar a sus hijos al centro educativo en medio de una pandemia, los problemas logísticos de quienes sí quieren hacerlo, pero los días u horarios son salteados y la de por sí endémica inasistencia, solo seis de cada diez dicen presente.
Por eso -y porque “hay que ir visualizando mayor tiempo de aprendizajes”, según el consejero Óscar Pedrozo- la última sesión del Codicen le dedicó varias horas a discutir cómo incrementar los días de clase sin romper con el protocolo sanitario.
En ese Tetris educativo, que consiste en encastrar piezas sin perder de vista el metro y medio de distancia entre los estudiantes, el presidente del Codicen, Robert Silva, le pidió al resto de sus colegas consejeros el uso de la “creatividad” y de la “autonomía” de los centros educativos para idear un cronograma en el que los alumnos vayan a clase todos los días. Porque decretar la vuelta a la obligatoriedad parece un “imposible”… al menos mientras dure la emergencia sanitaria.
Pedrozo, quien fue electo por los docentes, sugirió que en las escuelas de Tiempo Completo se dedique el turno de la mañana a la mitad de los grupos y el de la tarde a la otra mitad. “Sería una forma sencilla de que haya clases todos los días”. Y en lugar de que se dedique una jornada entera para la limpieza (por lo general son los días miércoles), el consejero sugirió que “se haga esa limpieza al mediodía, entre ambos turnos”.
Las escuelas de Tiempo Extendido podrían seguir la misma lógica, solo que en lugar de la maestra de clase habría talleristas y los grupos rotarían.
El nudo que los consejeros quieren desatar es qué hacer con las escuelas comunes, de menos horas, en que la maestra tiene que repartirse el tiempo para la clase presencial y la virtual (por aquellos que no van al aula). O, peor aún, cómo resolver la ampliación de la frecuencia de asistencia sin romper con el distanciamiento físico en aquellas aulas que son pequeñas.
El consejero Pedrozo sugirió que aquellas “plazas” que dejan vacantes los niños que no asisten, puedan ser ocupadas por otros que sí quieren y pueden hacerlo. Y, a su vez, con el resto de sus colegas elevaron una solicitud al Ministerio de Salud para que “se evalúe la posibilidad de extender los horarios más allá de las cuatro horas”.
En la educación media, donde la asistencia ronda el 50% en UTU y más del 75% en Secundaria, la limitación del horario suele “cortar” el clásico turno lectivo (que es de cuatro horas y cincuenta minutos). Por eso la ANEP quiere que “se revise” el protocolo para luego del receso invernal.
En las instituciones privadas, la situación general parece ser diferente. Según Juan Carlos Noya, quien preside la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Aidep), la “asistencia de los alumnos es cercano al 98% promedio (un 100% en Secundaria y un 95% en nivel inicial)”.
La asociación de colegios católicos (Audec), también está en cifras que “superan el 90%”, dijo su director nacional, Adrián Arias. Y recordó que “muchos (centros educativos) ofrecen las 20 horas semanales, cubriendo los cinco días de la semana”.
Las escuelas rurales, aquellas que se había incorporado primero a la presencialidad, están funcionando los cinco días durante al menos cinco horas diarias. Tras las vacaciones de julio, el Codicen espera que “las rurales que faltan vayan hacia ese régimen”, señaló Silva.
Ocurre que, en el primer mes de retorno a las aulas, la asistencia en las rurales no llegaba siquiera al 40%. Fue entonces que los técnicos divisaron un cuello de botella: los horarios y días eran incompatibles con las labores de las familias. Y al modificar el cronograma, aumentó esa participación a más del 50%.
Según el consejero Pedrozo “urge reforzar la presencialidad y el apoyo en las áreas básicas de la educación: Matemáticas y Lengua”. Por eso en la última sesión del Codicen, el representante docente propuso redefinir para todos los niveles educativos que los apoyos, tutorías y acompañamientos que no sean específicamente destinados a fortalecimiento para los exámenes, estén destinados a las áreas de Lengua y Matemática”.
Eso no anula, sin embargo, el desarrollo de otras habilidades. Por eso “al menos una vez por semana” la presencialidad deberá estar enfocada en los cursos de tecnología, ciencia, arte y educación física.
En el Consejo de Educación Inicial y Primaria coinciden en los fundamentos planteados por el Codicen (de hecho Primaria había pedido el retorno a la obligatoriedad de las clases) y a estas horas trabaja en cómo asegurar la presencialidad todos los días a partir de agosto.
La directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, espera que “en la primera semana de vacaciones ya esté definido el nuevo cronograma”.
Treinta y Tres deberá esperar
El Codicen resolvió extender nuevamente la suspensión de clases presenciales en Treinta y Tres ante la irrupción de un brote de coronavirus en el departamento, que comenzó a mediados de junio. Las clases comenzarán, si no hay un repunte del brote, el lunes 3 de agosto, luego de las vacaciones de julio que empiezan el próximo 20 de julio y se extienden por dos semanas, en todos los niveles y centros del país. Treinta y Tres es el departamento más afectado del país con 36 casos activos del nuevo coronavirus. En el pico del brote, llegó a tener más de 400 personas haciendo cuarentena, muchos de ellos escolares y un docente. La prórroga de la presencialidad es a los “efectos de un estricto seguimiento de la situación por parte de las autoridades”.
Fuente: El País
